La sentencia del Juzgado de Primera Instancia 4 considera que a los clientes se les ocultó la «grave situación financiera de la entidad» ya en 2011, por lo que el contrato está viciado

El Juzgado de Primera Instancia número 1 de Burgos ha estimado la demanda presentada por una pareja que compró 1.333 acciones de Bankia en julio de 2011 y anula el contrato por entender que fueron inducidos al error con la «información no ajustada a la realidad» que proporcionaba la entidad en el folleto informativo. «Obviamente, ningún inversor sensato hubiera pagado un precio de 3,75 euros por acción de una entidad que estaba en situación cercana a la quiebra», detalla.
Considera el magistrado que a los clientes se les ocultó la información real sobre la «grave situación económica de la entidad y que no podían evitar equivocarse con la compra, puesto que no tenían medios para conocer la verdadera situación financiera y contable de Bankia» por canales ajenos a la entidad, «máxime cuando los organismos públicos de control -CNMV,Banco de España,Ministerio de Economía- y todos los medios de comunicación, tanto los especializados en información económica como los de información general, avalaron y respaldaron la operación de salida a Bolsa, presentándola como un éxito económico y eludiendo advertir de los riesgos de la misma», apostilla.
La entidad alegó que el deterioro de su estado financiero fue posterior a la oferta pública de suscripción de acciones y debida a «hechos extraordinarios», lo que no ha probado, como le correspondía por su situación jurídica de demandada. «No tiene explicación convincente que una entidad de la envergadura de Bankia pasase en escasos 10 meses de una situación de solvencia y solidez a una situación que bien puede calificarse de quiebra técnica», dice.
Los abogados de Bankia también pidieron la suspensión del juicio por entender que existe una causa penal previa en la Audiencia Nacional, extremo que el magistrado rechaza por varios motivos, entre ellos la protección de los derechos de los consumidores. Estos han sido representados por elGabinete Toledo y la Asociación de Perjudicados de Entidades Financieras (Apdef), que se presentó en marzo enBurgos.Aunque se puede recurrir ante la Audiencia Provincial, el abogado José Ángel Saiz estima que la sentencia abre la puerta a cientos de reclamaciones.  La nulidad implica que Bankia debe devolver el dinero y los intereses a los clientes, y estos las acciones y en su caso los dividendos.